El Tribunal Europeo reconoce derecho de España a pedir información sobre clientes de un banco de Gibraltar
Gibraltar ha sido foco de tensión entre España y Reino Unido durante años, no sólo por el conflicto porque España reclama su propiedad desde hace décadas, sino porque Gibraltar no se atiene a muchas de las normativas europeas que se aplican en el resto de la península y Europa.
Sin embargo, parece que en cuestión de blanqueo se van sentando las bases para la existencia de una cooperación real y fructífera entre los dos países; aunque sea por la fuerza bruta. El último paso ha sido la sentencia del pasado 25 de abril del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) contra Jyske, un banco gibraltareño que opera en España y al cual el Gobierno le había requerido información sobre algunos de sus clientes, sospechosos de cometer delitos de blanqueo de capitales.
Todo el caso comenzó en 2007, después de que el Gobierno Español detectara que la entidad estaba siendo utilizada por algún cliente para blanquear dinero en el Peñón a través de la creación de entidades societarias que impedían conocer la identidad del propietario y el origen de los fondos utilizados.
No obstante, a pesar de contar con pruebas fidedignas de que se estaban produciendo operaciones susceptibles de ser entendidas como blanqueo de capitales, el banco se negó en redondo a proporcionar información a las autoridades españolas. Para ello, el banco alegó que en Gibraltar existía una normativa específica que protegía a los clientes en relación al secreto bancario. Esto enfureció a las autoridades españolas, que decidieron imponer una multa de 1,7 millones de euros al banco, además de dos amonestaciones públicas.
Esta medida fue recurrida por la inmobiliaria, que quiso llevar el asunto al Tribunal Supremo alegando que sólo tenía la obligación de informar a las autoridades gibraltareñas. Finalmente, este proceso se trasladó al Tribunal europeo, que el pasado jueves dictaminó que debía prevalecer la normativa española. En resumen, un nuevo varapalo a las políticas financieras del Peñón, que ven cómo esta sentencia puede sentar una base para futuros requerimientos del Gobierno Español.
Fuente: El Mundo.es