En las últimas semanas, se han sucedido numerosas noticias que comienzan a poner en el punto de mira de las principales instituciones a los paraísos fiscales. Una de ellas es la firma del acuerdo bilateral entre Estados Unidos y España para el intercambio de información sobre los evasores fiscales en el país americano.
Hacienda se ha centrado de lleno en la lucha contra la evasión fiscal a dos bandas; en primer lugar, obligando a empresas y particulares a comunicar a la institución todos los bienes /cuentas en el extranjero (el plazo para tal comunicación finalizará el próximo 30 de abril) y en segundo lugar, coordinando sus acciones con otros países para poder intercambiar información sobre los evasores.
En este sentido, recientemente se ha firmado definitivamente el acuerdo FATCA con Estados Unidos que permitirá a Hacienda acceder a datos de las cuentas y propiedades de los ciudadanos/empresas sospechosos de cometer blanqueo de capitales en el país americano.
No se trata de un tema baladí. Tras años de lucha contra la evasión fiscal, parece que por fin comienzan a sentarse las bases de una lucha real y efectiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
La presión social, sumada a los numerosos esfuerzos de varios países europeos, han conseguido que varios países considerados “paraísos fiscales” comiencen a replantearse la estrategia. Es el caso Luxemburgo y Austria, que han anunciado que desde el 2015, comenzarán a compartir información de manera automática con la UE.
El último país en poner el grito en el cielo ha sido Francia, donde uno de los hombres fuertes del presidente francés Hollande, el Ministro de Presupuesto Jerome Cahuzac, ha tenido que dimitir después de que se diera a conocer que tenía cuentas sin declarar en un paraíso fiscal.
Como consecuencia a esta crisis, que ha afectado seriamente a la legislatura de Hollande, el presidente galo ha puesto en el punto de mira a los paraísos fiscales, llegando a amenazarles con incluirlos en listados de países no cooperativos y otras acciones.
¿En qué nos afecta?
A priori, Hacienda sólo obliga a los contribuyentes con bienes y rentas en el extranjero superiores a 50.000 euros a presentar una declaración informativa. Esta comunicación se hace a través de la página de la AEAT con el formulario 720.
El formulario no significa pagar más impuestos, pues tan sólo es una comunicación informativa. No obstante, en caso de no cumplirse, el contribuyente será sujeto de regularización y sanción de hasta el 150% sobre el capital no declarado en caso de que Hacienda le descubra. Y parece que el Gobierno Español ha comenzado a dar los primeros pasos para instaurar una colaboración realmente efectiva con otros fiscos.
Fuentes: Laverdad.es, eldiario.es, cincodias.com, elmundo.com