El Colegio de Administradores de Fincas de Murcia ha sido sancionado por fijar precios mínimos y coaacionar a sus colegiados… (ver noticia completa al final de este post)
Desde luego la ley hay que cumplirla, pero la pregunta está ahí… ¿Si a los Colegios no se les permite orientar a los consumidores en precios acordes a servicios ofrecidos… ¿Cómo y quién regula el mercado del intrusismo, la mala praxis y la competencia desleal?
Es paradójico que el mercado de competencia multe al colegio (que no pongo en duda la legalidad de dicha sanción) pero sin embargo, es inverosímil que carezca de absoluta impunidad cualquier persona que decida dedicarse a esta profesión, renuncie a colegiarse, si se ampara en peregrinas excusas (según nuestros propios sondeos) y apoyándose en la ley que le apoya para actuar a su libre albedrío.
No es que defienda a capa y espada la colegiación como tal, no es el caso hoy en día, pero estamos hablando de una profesión peligrosamente liberal en la cual, hay lamentablemente importantes casos de corrupción, cohecho, etc…
¿Cómo se regula la actuación de estos “profesionales”, que deciden hacer de esta labor su propio negocio con total impunidad en las formas sino se ponen medios al respecto?
En el artículo del cual me hago eco, comenta:
| La Resolución considera probado que el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Murcia era plenamente consciente de la prohibición del mantenimiento de honorarios orientativos de precios tras la reforma de la Ley de Colegios Profesionales en 2009. No obstante, decidió continuar manteniendo este baremo de precios mínimos durante los años siguientes y controlar su implantación y seguimiento entre los colegiados.
Para lograr estos objetivos, el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Murcia amenazaba a los colegiados en dichas circulares y reuniones con la expulsión del colegio. Así como posibles acciones judiciales contra aquellos que efectuaran rebajas sobre los precios concertados colectivamente. Además, desarrolló una campaña publicitaria dirigida a los usuarios y contraria a la libre competencia, en la que acusaba y desprestigiaba profesionalmente a los colegiados que fijaban precios por debajo del baremo recomendado. (Ver artículo al final del post) |
Definitivamente, tal y como se establece en el comunicado, y según lo expuesto no son formas. La ley está para cumplirla, sin exclusiones. Sin embargo invito a quien quiera a realizar una reflexión:
Hemos comprobamos a lo largo del año, ofertas para administrar comunidades a precios de incluso 1 € por puerta mensual. Sí, es real y en Mudéjar Grupo lo vivimos, desafortunadamente con demasiada asiduidad en nuestro trabajo diario y no en pocas ocasiones, ya que el baremo en que se mueven estas agresivas ofertas está entre 1 y 5 € por vecino.
¿Alguien me lo puede explicar? Si la profesión consiste en hacer una junta al año, no presentar ningún tipo de documentación, realizar los mínimos servicios que exija la ley… o no, y posponer las emergencias, entre otros menesteres… es un precio muy justo.
El que conozca esta profesión, sabe que las guardias no tienen horario y los servicios van mucho más allá que una simple cuota. Los tangenciales son minoría y el valor añadido es muy superior a la cuota inicial.
Sin ir más lejos, se está haciendo un esfuerzo enorme por el comité de formación, para reunir (en Zaragoza) a los profesionales y mejorar sus servicios a las comunidadades. Esto no vale 1 €. Es mucho tiempo, dinero y devoción.
La resolución habla sobre el “mantenimiento de honorarios orientativos”, bien, la ley es la ley. Entonces abramos la caja de pandora. Todo vale. El agua a 1 € y la luz pongamos… a 2 € al mes.
Definitivamente, desde luego cualquier colegio profesional, debe de velar por el bien de sus colegiados pero más si cabe por el colectivo al que ofrecen sus servicios y hay mucho trabajo que hacer. Los profesionales que integran los colegios deben de tener sobre todo interés objetivo, criterio y con
diciones para estar en un colectivo como este, dejando de lado si es el caso, afecciones e intereses personales. Pero si salvados estos filtros, estos colectivos que son los que en el día a día viven y se supone que ESTAN para gestionar dicha problemática, no se les permite actuar ante casos tan flagrantes como los mencionados, los perjudicados somos todos.
Hoy por hoy todos queremos que el colegio que representa al AAFF de nuestra comunidad, actúe contra cualquier profesional que basándose en el amparo de la ley opere en contra del bien común, que al final es el mayor principio constitucional.
Como conclusión, si el Colegio debe de acatar la ley, que para eso existe, deberá de hacerlo.
Pero permitamos que todo valga, que por desconocimiento, desinterés o por dar un mejor servicio al ciudadano, le demos la vuelta y convirtamos una comunidad de propietarios, en un patio de vecinos… la batalla está servida.
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