El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) está en el punto de mira de la Agencia Española de Protección de Datos. El organismo encargado de velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y controlar su aplicación está investigando la denuncia presentada por una empleada despedida en diciembre contra los denominados Puntos Virtuales de Empleo, es decir, los cajeros que ha puesto en funcionamiento la Administración autonómica para facilitar a los desempleados el sellado de su tarjeta del paro a través de Internet.
Según la denuncia presentada el pasado 14 de diciembre, los datos personales de los desempleados inscritos en la agencia dependiente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo quedan expuestos «en manos de todo el que quiera hacer uso de ellos» sin su autorización. Basta con introducir el número de DNI del demandante y una contraseña o código pin que aparece en el documento, denominado «darde», que acredita el sellado anterior y que especifica la fecha de la siguiente actualización de la tarjeta del paro.
Según indica la denunciante, su queja llegó el pasado 16 de enero al departamento de investigación de la Agencia Española de Protección de Datos, con sede en Madrid, y tardarán entre tres y seis meses en recibir una respuesta por escrito a su escrito.
En la denuncia, la ex trabajadora especifica que el documento con la contraseña del demandante suele entregarse a entidades como los sindicatos o una autoescuela a la hora de pedir la inscripción a un curso de formación. Se trata de uno de los documentos que exigen para justificar que el solicitante está en situación de desempleo. «Se obliga a presentar la solicitud rellena y firmada, acompañada de la fotocopia del DNI», especifica en su escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos. Como consecuencia, «cualquiera puede con estos datos entrar en la demanda de la persona», conocer datos privados y hasta modificar los datos de su demanda. Además lo puede hacer desde un ordenador personal o a través de la oficina virtual de empleo instalada en las sucursales del SAE y de cuya supervisión se encargan empleados subrogados de la antigua Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo (Faffe).
Los trabajadores de esta extinta fundación, absorbidos por la Agencia Pública de Empleo, constituyen actualmente el grueso del personal en las citadas oficinas después del despido de 826 asesores y promotores de empleo que orientaban a los parados, ceses que se hicieron efectivos durante los meses de noviembre y diciembre. Sus contratos se financiaban con un programa estatal que se ha extinguido y la Junta de Andalucía se niega a sufragar sus retribuciones con recursos propios a pesar de que han protagonizado reiteradas acciones de protesta para pedir su readmisión e incluso han recogido más de 16.000 firmas de usuarios apoyando su causa en lugar de mantener a los que denominan los «enchufados» de la extinta fundación.
La falta de personal ha dejado en servicios mínimos las oficinas del SAE, que suplen las carencias de trabajadores fomentando el sellado de la cartilla del paro por internet para atajar las colas de demandantes.
Fuente: ABC